Adquirir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se convirtió en una sentencia de muerte para los bolivarenses que no pueden acceder a un protocolo de atención adecuado que les permita mantener un seguimiento y control de su enfermedad
Hendelys
Ochoa
Los
programas emitidos por el Gobierno para no desamparar a los pacientes VIH
positivo se tradujeron en un fracaso, en el que no solo se muestran las
precarias condiciones de los establecimientos, sino que además, se evidencia la
imposibilidad de abastecer a toda la población debido a la poca capacidad
hospitalaria que impide cubrir toda la demanda.
Esto
repercute en la extensión de una epidemia, para la que no se tiene una vacuna, ya que se constituye como una
enfermedad crónica que solo puede controlarse, además de que en Venezuela no se
cuenta información que permita conocer la gravedad general de la situación,
intensificándose las posibilidades de caer en un subregistro de pacientes, no
solo a partir de los índices de morbilidad, sino también de mortalidad.
El
personal de salud, muchas veces, trabaja a ciegas, siendo este un panorama
grave, sobre todo al analizar el alto riesgo de contagio de este virus que
también ha llegado afectar, en gran medida, a la población infantil por la escasez
de programas y servicios.
Descentralización
de pruebas
Dentro de
las fallas del sistema de atención pública, en Guayana, se evidencia la coyuntura
que persiste en torno al acceso gratuito a las pruebas de tamizaje. Para que
las personas puedan ser diagnosticadas deben asistir a los centros autorizados
que son los únicos establecimientos de salud que ofrecen este servicio. En Bolívar
solo se cuenta con dos instituciones adscritas al Ministerio de Salud, que son
las encargadas de realizar los procesos de diagnóstico. El Ambulatorio Urbano
tipo III Las Manoas, de San Félix, y el Hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar.
Foto: Caraota Digital
El Hospital Ruiz y Páez y el ambulartorio
Las Manoas son los únicos centros del estado Bolívar que atienden los servicios
de VIH
Una
enfermera que trabaja en este establecimiento, ubicado en el municipio Caroní,
y quien además prefirió mantener su identidad al resguardo por temor a
represalias, explicó que: “aquí solo se hacen pruebas rápidas. Se hace con
sangre directa y en 15 minutos. Si hay dudas tiene que hacerse el confirmatorio
en otro lado… con dos pruebas sencillas ya puede entrar. Tú sabes ahorita la
gente no tiene para pagar un Western Blot,
debe valer como unos $ 100”.
Según el
Plan Maestro, la causa de que estas pruebas no se estén haciendo es “la falta
de asignación de recursos por el MPPS. Tampoco se están implementando
estrategias de tamizaje comunitario o pruebas por proveedores pares
capacitados”. El Instituto Nacional de Higiene (INH) en el 2018 no procesó
muestras de Western Blot. En ese
mismo año se realizaron 73,770 serologías de VIH (3ra generación) en el sector
público de todo el país. En el 2016, por ejemplo, el sector público había
realizado 226,570 pruebas de 3ra generación; según el INH. Esto evidencia la
decadencia del sector público en la vigilancia epidemiológica del país.
Para tener
acceso a una prueba de VIH es imperativo contar con un récipe. El 90, 90, 90
(el objetivo planteado por la ONU); que corresponde a que el 90% de las personas con VIH estén
diagnosticadas, el 90% de las personas diagnosticadas ya reciban tratamiento y
el 90% de estas tengan carga viral indetectable, se tira a la basura en un país
donde la detección de la enfermedad se enfrenta a una barrera debido a la
centralización de las pruebas.
A pesar
de que existen varios centros públicos que deberían operar en todo el estado,
el hecho de que la fase de diagnóstico del VIH recaiga solo en dos
instituciones de salud deja en el olvido a toda la población que no puede
movilizarse a distancias tan lejanas; por lo tanto, no se establece la pesquisa
y mucho menos se sabe cuántos pacientes deberían recibir tratamiento para
evitar caer en el Sida o incluso en su propia muerte.
Sin
prevención
Las
charlas y encuentros formativos de educación sexual forman parte de las
políticas preventivas que promueve el Ministerio de Salud. En la Guía Nacional
para la Prevención del VIH, Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual se
establece que dentro de las estrategias implementadas por el Gobierno se
incluyen las asesorías, la comunicación para promover un cambio de
comportamiento, las jornadas de enseñanza de prevención de las ETS, así como el
uso adecuado de los preservativos, las prácticas de sexo seguro y las
actividades regulares de consejería comunitaria.
Foto: StopVIH
Sin
embargo, el internista que lidera el programa de atención del VIH en Las Manoas,
Adam Navas, asegura que debido a las precariedades existentes en este
establecimiento y a la crisis generalizada que embarga el sector salud, estas
iniciativas dejaron de desarrollarse: “En un momento sí existió, pero ya no por
la situación del país; por la misma situación económica que ha hecho que muchos
médicos hayan emigrado”.
Un
paciente de este centro de salud, quien prefirió mantenerse en anonimato,
indicó que a pesar de recibir atención desde el año 2015, nunca ha presenciado
alguna jornada de educación sexual en las instalaciones. Asimismo, en el Plan
Maestro se establece que “no hay distribución de condones y lubricantes en los
servicios de atención integral a personas con VIH, ni en la red del primer
nivel de atención”.
Por otro
lado, el infectólogo Jaime Fajardo, quien también presta sus servicios en el
módulo Las Manoas, reitera que, con la situación actual, se vieron obligados a
reubicar los controles, donde también se tocan métodos preventivos incluidos en
el programa: “Con la pandemia suspendieron muchas consultas, pero nos
reubicamos; no se dejaron de ver pacientes”.
A pesar
de que en el Informe Nacional de Seguimiento de la Declaración Política sobre
el VIH y el Sida se contempla que la atención integral de salud es uno de los
principales derechos de la población, también hace referencia a que “las
actividades se han limitado debido al financiamiento de proyectos”, lo que genera
no solo la falta de políticas de prevención, sino también la falla de un
protocolo de atención pública segura y eficaz.
Un
sistema que fracasó
“El
financiamiento del sistema público es obligación del Estado”, así se establece
en la Carta Constitucional, en su artículo 85; pero la realidad actual se aleja
de este planteamiento. Para el 2018 se realizó el Plan Maestro para el
fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en la
República Bolivariana de Venezuela, a partir del trabajo colaborativo entre el
Ministerio de Salud, la OPS, la OMS, ONUSIDA y el Gobierno Bolivariano de
Venezuela. En este documento se llegaría
al acuerdo de concretar la propuesta de apoyo humanitario para fortalecer las
áreas del servicio público, estableciendo un monto de, aproximadamente, 122
millones de dólares.
A pesar
de que la OPS aprobó una primera donación de 5 millones de dólares, proveniente
del Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH/Sida, Tuberculosis y Malaria,
para la adquisición de 700 mil frascos de TLD (antirretroviral), “el primer
lote de 100 mil frascos de dicho antirretroviral se comenzó a distribuir en 21
estados, en enero 2019”; así lo establece la data de la organización STOP-VIH.
Posteriormente se logró concretar un segundo donativo correspondiente a 6
millones de dólares; sin embargo, estos números no fueron suficientes para
abastecer a toda la población de pacientes.
Foto: Radio Fe y Alegría Noticias
Dentro de
las principales limitaciones subyace la corrupción que impera en el sistema de
salud venezolano, destinando los fondos previstos para la atención pública a la
ejecución de actividades ilegales. Así se afirma en el informe publicado por
Transparencia Venezuela, “Salud en Venezuela: cuando la corrupción es el virus”,
donde se evidencia el robo sistemático de fondos de este sector realizado en la
última década.
“La
dimensión del daño causado por la corrupción al sistema sanitario en Venezuela
se hace más evidente al comparar los indicadores básicos de salud registrados,
en los últimos años, en los países de América Latina y el Caribe. Naciones en
las que también hay reportes de corrupción en salud, no han tenido un deterioro
y retroceso tan pronunciado como el sufrido por Venezuela”.
Esta
situación no solo atenta contra la dignidad de los venezolanos sino que,
además, demuestra cómo las propuestas para mejorar los servicios de atención
del VIH acordadas por el propio Gobierno permanecieron en el aire. “La política
oficial ha sido la compra directa por parte del gobierno nacional a empresas
radicadas en el exterior cuyo cumplimiento ha sido deficiente. Tal es el caso
de las transacciones realizadas en 2015 entre el Ministerio de Salud y
compañías extranjeras a través de convenios internacionales con Argentina, Cuba
y Uruguay por 803 millones de unidades de medicamentos, de las cuales solo se
recibieron 279 millones sin que se ofreciera explicación alguna”; según datos
de Transparencia Venezuela.
La
migración forzada es una de las principales consecuencias que aqueja a la
población con VIH, obligando a miles de personas a dejar su país para poder
recurrir a un sistema de salud digno fuera de las fronteras.
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