El descuido de controles
médicos expone el deterioro del sistema de salud pública, convirtiéndose en una
travesía alarmante para los pacientes con VIH que no cuentan con los recursos
para acceder a un servicio privado que les permita monitorear su condición
Amira
El Sahli
El panorama de atención
médica gratuita en el país ha sido golpeado en los últimos tiempos causando
dificultades que afectan, de forma directa, a los ciudadanos. La realidad de los
centros de salud no solo radica en la ausencia de pruebas, los altos costos, la
falta de financiamiento e instalaciones dignas, sino también en la disminución
de un servicio público adecuado, insuficiente dotación de equipos y suministro
de medicamentos, ya que no se ha logrado restaurar un sistema idóneo a través
de los diversos planes establecidos por el Gobierno.
Estas condiciones
desfavorables han provocado que las personas que atraviesan enfermedades
crónicas, como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), tengan que afrontar
riesgos mayores que los que amerita su propio estado de salud.
Desde el 2010 hasta el 2016
los casos aumentaron un 24%, con un total de entre 5.800- 7.100 infectados por
VIH, de acuerdo a los últimos boletines epidemiológicos otorgados por el Estado
durante esta fecha. Sin embargo, desde el año 2017 no se evidencian cifras
oficiales, ya que aún se encuentran “en curso de validación y no están todavía
disponibles”, según el Plan Maestro 2018 para el Fortalecimiento de la
respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en la República Bolivariana de
Venezuela.
Pruebas y controles ausentes
Los tratamientos y pruebas
dejaron de tener regularidad en Venezuela, afectando directamente a sus estados,
entre ellos Bolívar, ubicado al sur del país, el cual dispone solo de dos centros
de atención pública para pacientes con este virus. También, persiste la
inestabilidad de las jornadas establecidas por el Ministerio del Poder Público
para la Salud (MPPS) para los exámenes de tamizaje, carga viral y reconteo de
CD4. El ambulatorio Las Manoas, ubicado en San Félix, no escapa de esta problemática,
evidenciándose que desde hace tres años no realiza dichos exámenes con
regularidad, según la data del Correo del Caroní.
Testimonios de diversos
pacientes anónimos, quienes han vivido la experiencia de realizarse chequeos en
jornadas organizadas por el MPPS, demuestran, una vez más, la realidad de los
inconclusos planes de salud. “Asistí este año a una, pero perdieron mi
muestra”. Las fallas de estos exámenes, indispensables para mantener un
seguimiento de la enfermedad, constituyen una de las principales preocupaciones
del sistema. “Me hice uno hace 6 meses en Las Manoas, pero aún no me entregan
mi resultado”, explica otra de las víctimas de las incompetencias del Estado,
quien tras 8 años de ser paciente de este centro, continúa padeciendo los estragos
de las falta de programas continuos en Bolívar.
El ambulatorio Las Manoas no realiza exámenes
de control desde hace tres años
Foto: William Urdaneta
Una persona VIH positivo depende
de diversos procesos para mantener la estabilidad del virus en su sistema
inmunológico, siguiendo protocolos que van desde el diagnóstico o proceso de tamizaje,
siendo la Prueba ELISA una de las más
utilizadas, hasta el control de exámenes de CD4, que corresponde al conteo de
células para precisar el funcionamiento del sistema inmunitario; la carga
viral, que es la cantidad de VIH en la sangre, y la medicación del
antirretroviral que se realiza dependiendo de la persona y de si padece alguna
otra condición médica. Sin embargo, estos
servicios no son garantizados en el sector público y los pacientes son los que
sufren las consecuencias directas de la mala gestión.
El Ministerio de Salud, a
partir de 1999, concedió a los pacientes con VIH el servicio gratuito del
tratamiento antirretroviral y jornadas de las pruebas continuas en los centros
de salud pública. La última entrega de, aproximadamente, 13 mil reactivos de carga viral por
parte del Instituto Nacional de Higiene en Caracas (lugar donde se encuentra la
principal carga de muestras) a mediados y finales del 2017 resultó ser
insuficiente. Asimismo, se han visto afectados los servicios de VIH en los
laboratorios, los cuales estaban disponibles en 127 centros públicos del país
hasta el 2015.
Para ese momento el estado Bolívar contaba con
once recintos para los procedimientos de control, pero esto quedó en los
registros del año, ya que, actualmente, solo funcionan el Hospital Ruiz y Páez en Ciudad
Bolívar y el módulo Las Manoas en Ciudad Guayana. No obstante, pacientes que han preferido mantenerse en
anonimato reiteran que, hasta hoy, ha sido difícil acceder a los reactivos en
ambos establecimientos: “Hace más de dos años que no me realizo un reconteo de
CD4 y carga viral”; esto debido a la constante falta de recursos.
Entre el 2017 y 2018 la escasez de tratamiento antirretroviral superó el
80%; y, en el año 2020, el desabastecimiento de reactivos para el diagnóstico y
seguimiento del estado de salud de los pacientes llegó al 100%, según el
informe de Transparencia Venezuela, “Salud en Venezuela: cuando la corrupción
es el virus”, generando el incremento del índice de hospitalización y decesos
de pacientes entre las edades de 21 y 35 años.
Tratamiento incierto
En cuanto a la situación de los
antirretrovirales en el estado Bolívar, el internista Adam Navas, quien atiende
a pacientes con VIH en Las Manoas, asegura que desde el “2018 no tienen fallas
en el tratamiento”. Sin embargo, para el 2016, la última cifra actualizada por
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) evidenció que: “120,000
venezolanos tenían VIH y 71,000 estaban en tratamiento”.
También, el infectólogo que
ejerce en el mismo módulo, Jaime Fajardo, confirmó que la adherencia al
tratamiento debe ser ininterrumpida para garantizar su eficacia: “Más del 95% puede abandonar un día a la semana. Ya en una
semana puede ocasionar fallas… como cuando el paciente entra, prácticamente, en
categoría Sida”. Aun así, esto le
ocurre a miles de venezolanos que no logran adquirirlo o se medican
irregularmente, perjudicando la condición del virus y creando resistencia a los
fármacos.
Alejandro Pravia es un guayanés que vivió el panorama irregular de los
antirretrovirales en el ambulatorio, y por ello, se vio obligado a migrar a Argentina;
un país que le ofreció mayores posibilidades para estar en paz con su salud: “por
eso fue que migré, porque en noviembre del 2017 me decían que no había, o que
iba a faltar, o que estaba tardando en llegar, y en diciembre nunca había y en
enero tampoco”.
Foto: Laura Clisánchez
Centros
vacíos y planes inconclusos
En el informe implantado por el MPPS, Directrices Prácticas para
Intensificar la Prevención del VIH y otras ITS en Venezuela, se mencionan
aspectos que se deben cumplir para asegurar los procedimientos de VIH:
asesoramiento al momento de realizar la prueba de detección del virus, incluir
orientación preventiva dentro del programa antirretroviral, asegurar el
suministro de recursos tanto para mujeres como hombres, entregar un “tratamiento
de calidad” y otorgar espacios de apoyo; pero estos pacientes solo han vivido
el desarrollo de un deficiente sistema de salud pública.
Pacientes del módulo Las Manoas esperando para ser atendidos por los especialistas
Foto: Amira El Sahli
Saadia Maestracci, una activista de 62 años
con VIH y defensora de los derechos de las personas que viven con el virus,
expresa que lleva casi 8 años sin realizarse sus exámenes de control, debido a
la problemática de la escasez de reactivos. Asimismo, en informaciones
suministradas por el Correo del Caroní se reafirma que en Ciudad Guayana “no
pueden contar con esta posibilidad ni en jornadas esporádicas”.
Los establecimientos en Ciudad Bolívar y
San Félix solo son concurridos por pacientes con VIH cuando están disponibles los
reactivos y jornadas de pruebas proporcionados por el Gobierno a través de las
citas pautadas. “Todo se maneja por programa…”, tanto los especialistas como la
entrega del tratamiento, afirmó el Dr. Fajardo.
Ante el conjunto de obstáculos que padecen los seropositivos lo más
adecuado sería hacer un llamado a las organizaciones competentes para llevar a
cabo los controles que ellos necesitan. Aunque la ONUSIDA y la OPS se han
encargado de suministrar los tratamientos e insumos a través del Plan Maestro (2018),
la ayuda humanitaria no ha sido suficiente para remediar los daños y cumplir
con las obligaciones que el Estado debería garantizar.
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